El derecho penal moderno se justificó como una técnica para reducir el arbitrio de quien castiga. El pensamiento ilustrado respondió a la arbitrariedad inquisitiva con dos exigencias, la sujeción del juez a la ley y la prueba de los hechos, y Luigi Ferrajoli las llevó a su consecuencia más incómoda en Derecho y razón. Teoría del garantismo penal (Trotta, 1995; original de 1989). Allí sostiene que la jurisdicción se legitima por la verdad de lo que afirma y por su sujeción a la ley. Nunca por el principio de autoridad, ni siquiera cuando la autoridad es democrática. Una acusación sin prueba sigue sin prueba, aunque la respalden el parlamento, la prensa, los partidos o la opinión pública (p. 544).
En Colombia esa tesis se pone a prueba a diario. Los procesos de alto impacto se ventilan en medios y redes antes que en audiencia. El presidente se presenta con la fuerza pública en allanamientos y capturas y recurre al insulto contra los detenidos, con lo que rebaja su investidura al nivel del peor delincuente de los que antes defendía. Cuando el juez se pronuncia, la opinión casi siempre ya dio su veredicto.
El 17 de febrero de 2026, todavía bajo el gobierno anterior, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial pidió en un comunicado que se respeten las decisiones de los jueces y recordó que la inconformidad se tramita por los recursos. Eso vale para las partes. A quien no litiga solo le queda opinar, y de esa opinión trata esta columna.
En las regiones golpeadas por la violencia el riesgo es además físico, al punto de que el 10 de junio de 2025 el Consejo Superior de la Judicatura pidió reforzar la seguridad de las sedes judiciales del Cauca y del Valle del Cauca. No equiparo las dos amenazas. Las menciono juntas, porque ambas pesan sobre quien decide. El problema es viejo, pero la manera como hoy circula la información lo ha agravado. Confieso que lo vivo con angustia, no solo como abogado, sino como ser humano.
Ferrajoli abre su estudio del proceso recordando que las penas han dejado una historia de horrores y los juicios una de errores (p. 603). Los jueces también se equivocan, y por eso criticar sus decisiones es legítimo y, más que eso, hace falta. La Constitución lo supone cuando somete a los jueces únicamente “al imperio de la ley” (art. 230) y ordena que sus actuaciones sean públicas (art. 228). Leídos juntos, dicen que el juez decide atado a la ley y a la vista de todos. A eso llamo responsabilidad constitucional. No es la penal, ni la disciplinaria, ni la patrimonial, y no acarrea sanción. Consiste en resolver sin atender al clamor y en dar razones que cualquiera pueda examinar.
Ferrajoli sostiene las dos cosas, la independencia frente al clamor y la exposición a la crítica. Dice que “el juez juzga en nombre del pueblo, pero no de la mayoría” (p. 580) y que debe poder absolver contra la voluntad de todos (p. 545). Y con la misma fuerza ve en la crítica pública de las providencias la principal garantía de control sobre la justicia, porque viene de ciudadanos que frente al juez no tienen poder alguno, solo razones. Por eso el juez debe exponerse a ella de manera constante (pp. 601 a 603).
La Corte Constitucional llegó a lo mismo en la Sentencia T-213 de 2004, al negar la tutela con la que una fiscal pretendía sacar de circulación un libro que ponía en duda su imparcialidad. Dijo que todos los órganos del Estado, la judicatura incluida, están sujetos al escrutinio público y que sus decisiones son “absolutamente cuestionables y criticables” (fundamento 35). La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en Kimel contra Argentina (2 de mayo de 2008, Serie C n.º 177), protegió a un periodista condenado por criticar la actuación de un juez. La razón cabe en una línea: “la opinión no puede ser objeto de sanción” (párr. 93).
El límite lo fijó la Sentencia SU-396 de 2017, que negó el amparo a una abogada sancionada por comparar al juez con el jefe de una banda de ladrones. La crítica de tono fuerte está protegida. El insulto, no (fundamento 45).
Lo problemático empieza cuando el ataque es sistemático y deja de discutir las razones de la providencia para reprocharle al juez que el fallo no conviene a un interés político o periodístico, o que no complace a la mayoría. Conviene entonces separar la crítica de la presión. La crítica discute las razones de una decisión y se contesta con razones. Querer que el próximo fallo sea distinto no la convierte en presión. La presión prescinde de las razones y busca torcer la decisión que viene o cobrarle al juez la que ya tomó, y su daño alcanza a toda la administración de justicia y a la confianza que la sostiene.
Cuando la presión proviene del Gobierno, cualquiera que sea su signo, el asunto cambia de naturaleza. Al Ejecutivo la Constitución le encarga auxiliar a los funcionarios judiciales para que sus providencias se cumplan (art. 201, num. 1). Un gobernante puede discrepar de un fallo y decirlo, aunque con más cuidado que cualquier ciudadano. La Corte IDH pide a las más altas autoridades de Gobierno cuidar que sus declaraciones no se vuelvan “una forma de injerencia o presión lesiva de la independencia judicial” (Apitz Barbera contra Venezuela, 5 de agosto de 2008, Serie C n.º 182, párr. 131). Esa discrepancia no puede terminar en desobediencia ni en invitación a hostigar al juez.
Los estándares internacionales apuntan en la misma dirección, aunque no todos ponen la frontera en el mismo sitio. Naciones Unidas lo dijo en 1985, en sus Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura: los jueces deben resolver libres de presiones e intromisiones indebidas, vengan de donde vengan (principio 2). El Estatuto del Juez Iberoamericano (2001) considera lesivo para la independencia el uso de los medios para imponer el contenido de las resoluciones “en condiciones que excedan el legítimo derecho a la libertad de expresión e información” (art. 3).
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos fue más lejos. En Worm contra Austria (29 de agosto de 1997) avaló la sanción a un periodista por un artículo capaz de influir en un proceso penal en curso y advirtió sobre el espectáculo de los seudojuicios en los medios (párrs. 50 y 54). Esa solución es más restrictiva que la interamericana y la colombiana, que no sancionan la opinión mientras no caiga en el insulto. Al juez, el Código Iberoamericano de Ética Judicial (2006) le pide “una actitud tolerante y respetuosa” ante las críticas a sus decisiones (art. 52).
El modelo de Ferrajoli nació en una Italia en crisis. El libro es de 1989 y se escribió bajo la legislación de emergencia contra el terrorismo y la mafia, que el autor describe como justicia decisionista apoyada en el consenso de los partidos y de la opinión pública más que en la estricta legalidad (p. 815). Tres años después empezó en Milán la investigación conocida como Mani Pulite. En el prólogo a la edición española Ferrajoli escribe sobre una clase de gobierno sacudida por la jurisdicción penal (p. 9) y sobre la función de control que cumple una magistratura independiente (p. 12).
El mismo libro había documentado el riesgo que esa función trae consigo, el de los procesos convertidos en campañas con auxilio de los medios, donde la exhibición del acusado ocupa el lugar de la antigua picota (pp. 731 y 732). Escribía antes de las redes sociales. La crítica argumentada que su modelo supone (p. 602) hoy escasea. Esa escasez no vuelve presión todo lo mal argumentado, pero explica por qué hacer posible la crítica es, en buena parte, tarea de los jueces.
Las doctrinas de la seguridad ciudadana, de la defensa social y del derecho penal de emergencia son hoy, a mi juicio, la versión más fuerte de ese decisionismo. Ferrajoli lo asocia a las técnicas de prevención y de defensa social (pp. 42 y 43). Su argumento es conocido. Frente a la criminalidad organizada, la eficacia preventiva justificaría reducir garantías y pedirle al juez que acompañe las prioridades de la política de seguridad. Vista desde esa orilla, la exigencia de prueba rigurosa en un caso de alto impacto deja de ser independencia y pasa a ser sabotaje a la protección de la mayoría.
El garantismo responde que esa posición confunde dos funciones. La seguridad es un fin legítimo de la ley penal, y el interés general se expresa cuando el legislador define los delitos, pero la decisión de condenar no puede regirse por la conveniencia política ni volverse asunto de gobierno (p. 545). Absolver por insuficiencia de prueba, aunque contraríe la política de seguridad de un gobierno, no es un acto de oposición, sino el cumplimiento del deber de conocer antes de castigar. El juez que condena o mantiene una detención para no quedar mal con la opinión o con el Ejecutivo devuelve al proceso el arbitrio que el derecho penal moderno quiso desterrar. Lo mismo hace el que absuelve para quedar bien con otro público.
La respuesta del juez a la crítica empieza en la motivación y sigue en la publicidad efectiva de lo decidido. Una providencia que no se entiende invita a sospechar de ella. Cuando el sentido de un fallo se conoce mucho antes que su texto, la discusión se libra sobre lo que otros dicen que el juez dijo. Lo que el juez no puede hacer es contestar la crítica con su poder. Tampoco le corresponde buscar el favor de la opinión, algo que el Código Iberoamericano le pide evitar (art. 60). Que la próxima controversia se dé sobre el texto de la providencia, y no sobre el nombre de quien la firmó, depende, en buena medida, de los propios jueces.