De qué trata
Un hombre fue condenado por hurto agravado tras un robo de un celular dentro de un vehículo de servicio público en Bogotá. Mediante preacuerdo aceptó su responsabilidad a cambio de que el delito se degradara a tentativa, y fue condenado a 6 meses de prisión, sin prisión domiciliaria. Su defensa acudió en casación alegando que el Tribunal había ignorado pruebas sobre su domicilio, su pareja y sus hijos, lo que en su criterio demostraba el arraigo necesario para la prisión domiciliaria.
Qué decidió la Corte
La Sala de Casación Penal inadmitió la demanda. Explicó que la defensa no identificó ninguna prueba concreta, legalmente incorporada al juicio, que el Tribunal hubiera omitido. La mención verbal de datos de residencia y familia no es, por sí sola, una prueba del arraigo: ese requisito debe respaldarse con elementos materiales. Además, el Tribunal sí analizó esa información, pero encontró que no había nada que la corroborara, e incluso constaba que el procesado había dado datos distintos sobre su residencia.
Por qué importa
La decisión deja claro que, para acceder a la prisión domiciliaria, no basta con afirmar dónde se vive o con quién: hay que probar el arraigo familiar y social con respaldo material. También recuerda que, en casación, no se puede confundir la simple inconformidad con la valoración del juez con un verdadero error que vicie la sentencia.