De qué trata
Un ciudadano colombiano es requerido en extradición por el Gobierno de Venezuela, que lo procesa por homicidio calificado en ejecución de un robo agravado. Dentro del trámite ante la Corte, la defensa y el Ministerio Público pidieron que se oficiara a la Fiscalía y a la DIJIN para averiguar si en Colombia existe algún proceso penal en su contra por esos mismos hechos.
Qué decidió la Corte
La Sala decretó las pruebas solicitadas. Consideró que verificar si el requerido está siendo o ha sido juzgado en Colombia es pertinente, porque toca la garantía de no ser juzgado dos veces por lo mismo y el respeto por la cosa juzgada. Por eso ordenó oficiar a la Fiscalía y a la DIJIN para que informen, en diez días, sobre investigaciones, acusaciones o sentencias en su contra.
Por qué importa
La decisión muestra que la extradición no es un trámite automático: la Corte debe comprobar, entre otras cosas, que no se afecte el principio non bis in ídem. Solo se decretan pruebas relacionadas con los aspectos sobre los que la Corte debe rendir concepto, no sobre asuntos ajenos a él.