De qué trata
Un ciudadano venezolano es requerido en extradición por su país, que lo procesa por delitos como traición a la patria, rebelión y tráfico de armas. En el trámite ante la Corte, la defensa y el Ministerio Público solicitaron oficiar a la Fiscalía y a la DIJIN para establecer si en Colombia hay procesos penales en su contra.
Qué decidió la Corte
La Sala decretó las pruebas pedidas. Estimó que verificar la existencia de actuaciones penales en Colombia es pertinente, pues se vincula con la garantía de no ser juzgado dos veces por lo mismo y con el respeto de la cosa juzgada. Ordenó, entonces, oficiar a la Fiscalía y a la DIJIN para que informen, en diez días, sobre investigaciones, acusaciones o sentencias contra el requerido.
Por qué importa
La providencia reafirma que, antes de emitir concepto de extradición, la Corte debe descartar que se afecte el principio non bis in ídem. Solo procede decretar pruebas ligadas a los puntos sobre los que la Corte debe pronunciarse, y no a temas adyacentes.