De qué trata
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela solicitó la extradición de un ciudadano venezolano por traición a la patria, rebelión, conspiración con gobierno extranjero, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación, a instancias de un juzgado de control de Caracas con competencia en delitos asociados al terrorismo, bajo el Acuerdo sobre extradición de Caracas de 1911. Dentro del trámite, la defensa y el Ministerio Público presentaron solicitudes probatorias; la captura con fines de extradición, ordenada por la Fiscalía en diciembre de 2025, no se ha materializado.
Qué decidió la Corte
La Sala decretó la práctica de la prueba común solicitada por la defensa y el Ministerio Público: oficiar a la Fiscalía General de la Nación y a la DIJIN para verificar la existencia de procesos en Colombia contra el requerido. La consideró pertinente frente a la garantía del non bis in ídem y la prevalencia de las decisiones internas sobre el requerimiento extranjero.
Por qué importa
Aunque es un auto de trámite, fija un control esencial de la extradición: antes de conceptuar, la Corte confirma que la persona no esté siendo o haya sido juzgada en Colombia por los mismos hechos. Si lo estuviera, las decisiones de la justicia nacional tendrían prevalencia sobre el pedido.