De qué trata
El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pasto condenó a Leiner Orlando González Díaz a 74 meses y 21 días de prisión por homicidio en grado de tentativa, y en la misma sentencia le concedió la prisión domiciliaria, condicionada al pago de una caución y a la suscripción de la respectiva diligencia de compromiso, señalando como sitio de reclusión un inmueble ubicado en Soacha (Cundinamarca). El condenado pagó la caución, pero en el expediente no quedó constancia de que hubiera suscrito el compromiso ni de que se hubiera materializado su traslado a ese inmueble; el juzgado fallador informó que no fue posible obtenerle la firma porque no se encontraba en Pasto, y luego el juzgado ejecutor de Fusagasugá (con sede en Soacha) tampoco logró ubicarlo en la dirección registrada. A partir de ahí se sucedieron remisiones entre despachos de ejecución de penas de Bogotá, Fusagasugá/Soacha y Pasto, que terminaron en un conflicto negativo de competencia remitido a la Corte.
Qué decidió la Corte
La Sala, con ponencia del magistrado Fernando León Bolaños Palacios, reiteró que la competencia de los jueces de ejecución de penas se rige, en primer lugar, por el factor personal: si el condenado está privado de la libertad (incluida la prisión domiciliaria), vigila el juez del lugar donde está el sitio de reclusión; si está en libertad porque el subrogado no se ha materializado, vigila el juez de la circunscripción donde se profirió el fallo. En este caso, al no existir constancia de que el sentenciado hubiera suscrito la diligencia de compromiso, al no haber podido ser ubicado por el juzgado ejecutor y al no figurar registrado en la base del INPEC como persona bajo vigilancia de algún establecimiento, la Corte concluyó que el asunto debía tratarse como uno sin persona efectivamente privada de la libertad. En consecuencia, declaró que la competencia corresponde al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto, por ser la sede del despacho que profirió la sentencia condenatoria.
Por qué importa
Fija una regla práctica para los casos, frecuentes, en que el condenado obtiene prisión domiciliaria pero nunca perfecciona los requisitos formales (caución, diligencia de compromiso, traslado efectivo): mientras esos requisitos no estén cumplidos y no haya control efectivo de alguna autoridad sobre el sitio de reclusión, no puede invocarse el domicilio propuesto para trasladar la competencia; esta permanece en cabeza del juez de ejecución del lugar donde se dictó la condena.