De qué trata
En la sentencia SP737-2026 (M.P. Jorge Hernán Díaz Soto), recogida en el Boletín Jurisprudencial n.° 09 (septiembre), publicado en octubre de 2026, la Sala de Casación Penal resolvió en segunda instancia la apelación de la Fiscalía contra el fallo de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte que absolvió a J.R.Z.C. del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
J.R.Z.C. fue encargado como gobernador del departamento de Arauca entre el 25 de enero y el 1.º de febrero de 2006. El 27 de enero de ese año firmó dieciséis contratos —dos órdenes de prestación de servicios y catorce contratos de consultoría, la mayoría para la interventoría de obras financiadas con regalías— que no contaban con estudios previos propios al momento de su celebración: en unos casos solo existían los estudios de conveniencia y oportunidad del contrato de obra, con menciones escuetas a la interventoría; en otros tres, los estudios se elaboraron después de la firma.
La Fiscalía abrió instrucción en 2017 y lo acusó en 2019 por el delito en concurso homogéneo, con la circunstancia de mayor punibilidad del numeral 9 del artículo 58 del Código Penal. El proceso se tramitó bajo la Ley 600 de 2000. El 18 de octubre de 2023 la Sala Especial de Primera Instancia lo absolvió: tuvo por probado el aspecto objetivo del delito, pero concluyó que actuó bajo un error de prohibición invencible. La Fiscalía apeló con el argumento de que el procesado, que se desempeñaba como secretario de educación del departamento, había participado en el trámite precontractual de varios de esos contratos, había ejercido el encargo en ocasiones anteriores y firmó ese mismo día otras interventorías que sí tenían estudios previos propios, todo lo cual mostraría que conocía la exigencia.
Qué decidió la Corte
La Sala confirmó íntegramente la absolución. Coincidió con la primera instancia en que los contratos de interventoría y de prestación de servicios requerían estudios previos propios, separados y anteriores a los de la obra, porque tenían un objeto y un propósito distintos, de modo que el elemento objetivo del delito estaba demostrado. Recordó, sin embargo, que el tipo solo admite dolo y que, en los tipos en blanco, el error sobre la norma extrapenal de complemento es un error de prohibición.
Al examinar el caso encontró que los contratos llegaban a la firma del gobernador después de pasar por la Oficina Jurídica de la gobernación, a la que el manual de funciones encargaba verificar los requisitos legales y unificar el criterio jurídico de la administración. Constató también que esa oficina, los secretarios de despacho y el propio procesado entendían equivocadamente que, en las obras financiadas con regalías, el estudio previo de la obra servía también para su interventoría, y que los contratos decían haberse celebrado «previo el estudio de conveniencia y oportunidad». Las interventorías que sí tenían estudio propio obedecieron, según las explicaciones que la Sala consideró plausibles, a razones particulares —una que agrupaba varias obras y otras que correspondían a actualizaciones de proyectos—, no al reconocimiento de que el requisito era obligatorio.
Valoró además que el procesado es licenciado en química y docente, sin formación en derecho ni en contratación estatal, y que el encargo duró pocos días. Concluyó que no infringió su deber de información, que el error no era vencible y que, como subsistía la duda sobre su conciencia de la ilicitud, no se alcanzaba la certeza para condenar que exige el artículo 232 de la Ley 600 de 2000. Contra la decisión no proceden recursos.
Por qué importa
La sentencia separa con claridad dos cosas que en los procesos por contratación suelen confundirse: que el contrato carezca de un requisito esencial no basta para condenar, porque falta probar que quien lo firmó sabía que actuaba contra la ley. Para la defensa de ordenadores del gasto ocasionales o sin formación jurídica, ofrece un criterio concreto: el error puede ser invencible cuando el funcionario se apoyó en la dependencia que tenía a su cargo la verificación de legalidad y esta avaló un criterio equivocado compartido por toda la administración. Para la acusación, deja claro que el cargo o el nivel educativo del procesado no permiten presumir el conocimiento de la prohibición.