De qué trata
El Reino de los Países Bajos formalizó, mediante nota verbal de julio de 2025, la solicitud de extradición de un ciudadano neerlandés, no para juzgarlo, sino para ejecutar la sentencia que el Tribunal de La Haya dictó en abril de 2024, condenándolo a cuarenta meses de prisión por «comercio interior a gran escala de cocaína». La defensa presentó alegatos contra la entrega, que la Corte examinó junto con los presupuestos constitucionales y legales del concepto.
Qué decidió la Corte
La Sala emitió concepto favorable. En lo constitucional, descartó que se tratara de un delito político, halló inaplicable la prohibición del Acto Legislativo 01 de 2017 y verificó el respeto del non bis in idem. En lo legal, constató la validez formal, la plena identidad, la equivalencia de la sentencia extranjera y la doble incriminación frente al tráfico de estupefacientes y el concierto para delinquir agravado. Condicionó la entrega conforme al artículo 494 de la Ley 906 de 2004 y a que el país requirente descuente de la pena el tiempo de privación de libertad por este trámite.
Por qué importa
Ilustra la extradición ejecutiva: la que se concede para que el condenado cumpla una pena ya impuesta en el extranjero, con la sentencia como pieza equivalente a la providencia acusatoria. El examen constitucional —delito político, Acto Legislativo 01 de 2017 y non bis in idem— se mantiene idéntico, y el descuento de la detención opera sobre la pena por ejecutar.