De qué trata
Un hombre fue condenado a 540 meses de prisión por el feminicidio agravado de una mujer a la que consideraba de su propiedad. Junto a la prisión, se le impuso la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término, es decir, 45 años.
Qué decidió la Corte
La Corte recordó que la ley fija un máximo de 20 años para esa pena accesoria, salvo excepciones que aquí no aplicaban. Como el juzgado la impuso por 45 años y el Tribunal no corrigió el error, la Sala casó parcialmente y de oficio el fallo para reducir la inhabilitación al máximo legal de 20 años. También rechazó una petición del procesado orientada a una nueva revisión de su condena, por ser improcedente.
Por qué importa
La providencia reafirma que el principio de legalidad de las penas también rige para las sanciones accesorias: ningún juez puede imponerlas por encima de los límites fijados en la ley. Además muestra que la Corte puede corregir estos excesos de oficio, incluso cuando la demanda de casación ha sido inadmitida.