De qué trata
Una jueza de familia recibió por reparto una acción de tutela y, por considerar que la competencia territorial era de otro circuito, se declaró incompetente en dos autos, generando un conflicto de competencia que se prolongó. La Fiscalía la acusó de prevaricato por acción y fraude a resolución judicial. El Tribunal la absolvió y el apoderado de víctimas apeló ante la Corte.
Qué decidió la Corte
La Corte confirmó la absolución. Consideró que las providencias de la jueza, aunque quizá desacertadas, contaban con motivación razonable y no eran manifiestamente contrarias a la ley, requisito del prevaricato. Tampoco hubo fraude, pues ella expresó su discrepancia de forma abierta y por los canales institucionales, sin engaño. El enredo derivó de errores de varias autoridades.
Por qué importa
La decisión reafirma que el juicio de prevaricato no castiga los errores de interpretación ni las decisiones discutibles, sino las abiertamente arbitrarias y dolosas. Recuerda la diferencia entre los factores de competencia y las reglas de reparto en tutela, y advierte que no puede recaer sobre un solo funcionario el reproche por una cadena de fallas compartidas.