De qué trata
Un fiscal delegado ante los jueces penales del circuito especializados, con sede en Villavicencio, fue condenado el 10 de febrero de 2026 por la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad por cohecho propio, prevaricato por omisión agravado, asesoramiento y otras actuaciones ilegales y abuso de autoridad por omisión de denuncia. El Ministerio Público, el procesado y su defensor apelaron la sentencia, y la Corte resolvió los recursos como juez de segunda instancia.
Qué decidió la Corte
La Sala revocó parcialmente el fallo para absolver al procesado del abuso de autoridad por omisión de denuncia. En consecuencia, redosificó las penas en definitiva: 150 meses de prisión, multa de 96,98 salarios mínimos y 160 meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Le impuso además la pena accesoria de pérdida del empleo y confirmó la condena por cohecho propio, prevaricato por omisión y asesoramiento y otras actuaciones ilegales.
Por qué importa
Muestra el doble efecto que puede tener la apelación en procesos contra funcionarios judiciales: la Corte puede absolver por un delito y, a la vez, ajustar las penas y agregar la pérdida del empleo. Es, además, un mensaje de rigor frente a la corrupción de quienes ejercen la acción penal desde la Fiscalía.