De qué trata
Mediante apoderada, una ciudadana promovió acción de revisión contra la resolución de 2006 por la cual una fiscalía delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la preclusión que una fiscalía especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario había dictado en 2004 a favor de cuatro personas investigadas por homicidio agravado. El proceso versa sobre la desaparición forzada, tortura y posterior asesinato de una mujer, hechos ocurridos el 30 de agosto de 1987. La demanda fue admitida al amparo de la causal tercera del artículo 220 de la Ley 600 de 2000.
Qué decidió la Corte
Declaró fundada la causal tercera de revisión y dejó sin valor ni efecto jurídico las dos resoluciones de preclusión —la de 2004 y la de 2006 que la confirmó—, por tratarse de graves violaciones a los derechos humanos. Ordenó remitir el expediente a la Fiscalía General de la Nación para que continúe con la etapa de la causa. Contra la decisión no procede recurso alguno.
Por qué importa
En materia de graves violaciones a los derechos humanos, el cierre de una investigación no es una barrera infranqueable: la acción de revisión permite remover preclusiones ejecutoriadas y reactivar la persecución penal casi cuatro décadas después de los hechos. La decisión reafirma el deber estatal de investigar y juzgar la desaparición forzada y la tortura.