De qué trata
Tras vender a su hermano las acciones de una clínica, un hombre presentó una demanda ejecutiva apoyada en un pagaré por sesenta millones de pesos que, según el denunciante, él nunca suscribió. El deudor tachó de falsa la firma y denunció penalmente. Absuelto en primera instancia, fue condenado por el Tribunal por falsedad en documento privado y fraude procesal, y acudió a la impugnación especial.
Qué decidió la Corte
La Corte confirmó la condena. Aunque los peritajes grafológicos de la Fiscalía y de la defensa llegaron a conclusiones opuestas y ninguno resultó concluyente, las demás pruebas —el contrato, sus modificaciones y las pretensiones de la demanda— demostraron que la deuda estaba condicionada y era menor a la reclamada, y que el pagaré no reflejaba la voluntad real del denunciante.
Por qué importa
La decisión muestra que la falsedad de un documento puede acreditarse con el conjunto de la prueba, aun cuando los dictámenes técnicos no sean definitivos. Recuerda, además, que valerse de un título valor fraudulento para inducir en error a un juez civil compromete la administración de justicia y constituye delito.