De qué trata
Una mujer indígena fue capturada transportando en su maleta más de cinco kilogramos de cannabis y condenada, por preacuerdo, como cómplice de porte de estupefacientes. Es madre de dos menores, de baja escolaridad, víctima de violencia intrafamiliar y en situación de pobreza. La Corte, al retornar el proceso, estudió de oficio si procedía aplicarle la Ley 2292 de 2023.
Qué decidió la Corte
La Corte casó parcialmente y de oficio la sentencia para sustituir la pena de prisión por el servicio no remunerado de utilidad pública. Encontró acreditados los requisitos: su condición de mujer cabeza de familia, un delito de menor lesividad asociado a la marginalidad y las condiciones que la hacían vulnerable. La medida quedó condicionada a la manifestación de su consentimiento.
Por qué importa
La decisión desarrolla la Ley 2292 de 2023 y el enfoque interseccional, reconociendo que la privación de la libertad de mujeres cabeza de hogar en condiciones de marginalidad fractura a la familia y perpetúa la pobreza. Muestra una respuesta penal diferencial que mantiene el reproche pero permite a la mujer seguir cuidando a los suyos y rehacer su proyecto de vida.